En: THE CONSCIENTIOUS ENVIRONMENTALIST
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Regular la cocaína
Pablo De La Cruz
Nací en Colombia en una familia de clase media. Viví en una casa cercana a Bogotá una vida relativamente tranquila. Para muchos colombianos como yo, la guerra entre las guerrillas, paramilitares y el ejército es una historia que vivimos sobretodo en televisión. Pero por seguros que nos creyéramos que la guerra solo se veía en los noticieros, también vimos como esta asomó a las ciudades, en los años 80 y 90 con mucha crudeza. Bombas estallaban en Bogotá, Medellín, Cali, secuestros, sicariato, y la llegada de miles de personas que salían obligados de diferentes zonas rurales y selváticas de Colombia. Habían quedado entre un extraño conflicto que mutó de lo político al control por medio del poder bélico que proveyó el narcotráfico. Mantener la guerra vale dinero, y eso lo entendieron las guerrillas, paramilitares, políticos y empresarios de la guerra, y lo que empezó a dar dinero en esa época era la cocaína.
En mi propio imaginario la guerra en Colombia tenía un nombre: Cocaína. Nunca la he probado, ni me ha dado siquiera curiosidad. Al solo nombrar la palabra “cocaína”, siento como si estuviera invocando fuerzas oscuras. Penetrando en un túnel maligno del cual es mejor no nombrarlo, ni pensarlo. Un producto hecho con una cantidad de elementos dañinos y que terminan causando una fuerte dependencia en los consumidores y muchos efectos secundarios contraproducentes. Y cuyo consumo es un directo responsable de sostener las estructuras criminales que sostienen el negocio.
El tiempo ha pasado desde esas dos décadas que recuerdo como de pesadilla, se han firmado acuerdos de paz entre el gobierno, las guerrillas y los paramilitares. Han muerto miles de campesinos, mujeres, jóvenes, estudiantes, y sigue pasando al tiempo que escribo estas letras. Activistas, académicos, investigadores se han “roto los cesos” tratando de entender el conflicto, buscando formas que desactiven las estructuras sociales que lo hacen posible. Mucho se ha logrado, pero algo pasa, porque detrás de todas las buenas acciones y de quienes dejan las armas vienen más dispuestos a tomarlas, para ganar un sueldo, soñar con un cambio, ayudar a su familia, sentirse apoyado, o lo que sea, el problema sigue.
Como sociólogo que no me dedico a los temas relacionados del conflicto armado, si me intereso al menos de leer un poco a quienes lo analizan, académicos, periodistas y testimonios. Se que el conflicto armado que aún vive Colombia es muy complejo y atacar unas causalidades difícilmente va a cambiar su rumbo. Que el problema del narcotráfico es posterior a la exclusión social, despojo violento, debilidad del Estado y la ausencia de sus instituciones en amplias regiones del territorio nacional. También se ha documentado que el narcotráfico es uno de los principales determinantes de la deforestación en Colombia, pero no como algunos políticos lo quieren hacer creer que es solo por el aumento de hectáreas sembradas de coca, sino en mayor medida por el efecto del “lavado” de dinero en el acaparamiento de tierras por medio del desmonte de la selva.
La entrada del narcotráfico en la ecuación de la violencia en Colombia fue un detonante de las peores olas de violencia que se han vivido. El dinero que entra por medio de esta actividad es acaparado y usado no en favor de la productividad y sustentabilidad de las tierras, sino es un directo causante de la pérdida de biodiversidad y cambio de uso de suelo. Una de las principales fuentes de emisiones de carbono a la atmósfera. Una de las grandes diferencias del narcotráfico con las otras causas asociadas a la violencia es que esta surge de manera voluntaria por la posición de los gobiernos del mundo ante lo que consideran sustancias peligrosas. A principio del siglo XX la prohibición de sustancias estuvo unida a cuestiones marginales en distintas zonas de los Estados Unidos dando como resultado la prohibición de la cocaína. En la década de los 70 y 80, la proliferación de rutas que llevaban la pasta base desde países de América Latina llevó a su proliferación entre los consumidores en su mayoría del Norte global. El mercado de la cocaína, y otras sustancias como la heroína, hicieron que este se convirtiera en el mayor proveedor de dinero para que los actores armados hicieran la guerra.
Ahora bien, me voy a tomar la modestia de dar una opinión sobre lo que se podría hacer: regular la cocaína. Esa sustancia que tanto me asustaba y que escuchaba encarnar al mismo demonio en mi infancia es, en gran medida, la sustancia que puede permitir un cambio significativo en la estructura que alimenta la guerra y el conflicto en Colombia. Y pasa por un simple principio: al ser ilegal, adictiva y altamente demandada, es el bálsamo perfecto que engrasa las maquinas corruptas, delincuenciales y degenerativas de la sociedad. “Blanco es y gallina lo pone”. Si se cambiara su estado de “ilegal” a “regulado” ¿qué pasaría? Si en algún momento los consumidores de la cocaína tuvieran la posibilidad de acceder a un producto por medio de instituciones del Estado, encargadas de dar tratamiento desde un enfoque de salud pública, y que los consumidores accedan a un producto diseñado con especificaciones técnicas que reduzcan y minimicen los efectos nocivos ¿qué pasaría?
Imaginemos. El tema de las drogas es algo que se decide a nivel internacional. Difícilmente un país en solitario va a dar el paso de regular la cocaína, su mala fama no la pone al mismo nivel de la marihuana, ni de los hongos, que han sido legalizados en algunos países. Sin embargo, no en todos los países tienen la misma opinión sobre esto. He leído que los países más reacios a la legalización son los orientales, musulmanes, y casos estrambóticos como el de Rusia. Difícilmente se le puede pedir a un país que ilegaliza al movimiento LGBTI, o a uno que obliga a las mujeres a estar en “compañía” de un hombre, que legalicen la cocaína. Por ese lado la situación esta complicada. ¿Pero qué pasa en Europa, EU, Latinoamérica, Reino Unido? La cosa es por supuesto difícil, y también cerrada, pero seguramente son lugares donde fragmentos de sus sociedades han planteado que la forma de combatir la drogadicción y las consecuencias psicosociales del uso de sustancias no es ilegalizando, prohibiendo, y tratando de esconder el problema “debajo del tapete”, en cárceles, hacinadas, costosas, infelices, perfectos laboratorios del crimen donde se reproduce la delincuencia.
En un escenario de favorabilidad a la legalización de las drogas, son las instituciones de salud de los países que vienen avanzando en reconocimiento de derechos individuales los que tendrán que ponerse de acuerdo para diseñar las primeras políticas regulatorias. Estas deben permitir el control de la cadena de suministro de las sustancias, además de definir los tratamientos médicos y psicológicos para la atención y prevención de enfermedades ¿Cuándo será? Ya empezó, al menos con las llamadas drogas “blandas”.
No con estas ideas quiero dar a entender que con la regulación se van a acabar necesariamente la desigualdad, la ausencia del Estado, la exclusión y la falta de oportunidades para los jóvenes en un país como Colombia, Venezuela, Perú, México, El Salvador, y un largo etcétera. Pero si pongo el acento en que es un punto transversal que de no resolverse difícilmente se van a mover las otras causas del conflicto. Además, en cuanto a la reducción de la deforestación, la regularización de la cocaína le quitaría recursos a los acaparadores de tierra que financian la tumba de bosque y actividades como la ganadería para lavar el dinero que se obtiene del narcotráfico.
